Garzón: Crimen y absolución

(Artículo publicado en Diagonal en su número 172.)

(For a an English version of this article read it in two parts here and here).

La condena de Baltasar Garzón por las escuchas ilegales del Gürtel levantó protestas desde las columnas de diversos medios internacionales –The Guardian, New York Times–, organizaciones de derechos humanos –HumanRights Watch, International Commission of Jurists– así como de personas a título individual, como el caso de artistas en el Estado español. La crítica hacia su condena está basada, sobre todo, en la motivación política del caso.

Que tales organizaciones hayan salido en su defensa no sorprende a nadie, pues es sabido que tanto en el ámbito internacional como en ciertos sectores ‘progresistas’ del Estado español, Baltasar Garzón goza de ciertas simpatías, sobre todo desde que saltó a la fama con sus intentos de investigar al dictador chileno Augusto Pinochet y otros casos similares en Argentina. Estos procesos le coronaron con un estatus de “defensor de los derechos humanos” en el exterior, mientras que en el Estado español la figura era controvertida para prácticamente todo el espectro político, desde la izquierda extraparlamentaria a la grupos neo-franquistas, aunque por motivos bien diferentes. Ya en un primer momento surgieron acusaciones de que lo que Garzón en realidad pretendía era obtener ciertos réditos políticos pero, curiosamente, acusaciones más graves lanzadas por organizaciones de derechos humanos que trabajan en la prevención de la tortura han brillado por su ausencia en los medios de comunicación mayoritarios durante todos estos años. Tanto estas organizaciones como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos –en la sentencia de 2 de noviembre de 2004 Caso de Martínez Salas y otros v. Reino de España– denunciaron en diferentes ocasiones como las autoridades españolas –incluido el juez Garzón– no habían investigado adecuadamente las acusaciones de tortura vertidas por parte de acusados de terrorismo contra agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En este sentido, la intención de convertirlo en representante en el Comité para la Prevención de la Tortura fue duramente criticada por la Coordinadora Estatal para la Prevención de la Tortura, de que la que que formamos parte.

Pero lo cierto es que los que ven motivación política o parcialidad detrás de la condena a Garzón tienen razón hasta cierto punto. Si bien el proceso contra el antiguo juez del del Juzgado de Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional por las escuchas ilegales fue lanzado por Ignacio Peláez, uno de los abogados de la trama Gürtel, la sentencia condenatoria (STS 79/2012 de 9 de febrero) ha contado con los votos de los magistrados instructores de los otros dos casos contra Garzón, los jueces Manuel Marchena y Luciano Varela. Dicha sentencia establece que el ahora ex-juez había grabado conversaciones entre abogados y sus clientes, algo que sólo ha sido permitido en casos de terrorismo1, y que esas actividades sólo se dan en estos días en “regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado”. El Tribunal Supremo ha estimado que en este caso la excepcionalidad para ordenar dichas escuchas no se daba y que, por tanto, Garzón se extralimitó ordenando dichas actividades. Resulta evidente que para cualquier persona que crea en el Estado de Derecho y el derecho a un juicio justo la grabación de conversaciones entre los letrados y sus defendidos debe ser restringida a circunstancias extremadamente excepcionales. Así, como pensamos algunos, Garzón no ha sido más que condenado por los actos que él había estado aplicando para otros –contra la izquierda abertzale, especialmente–. Pero, en aquel entonces, algunos creían que era permisible hacer la vista gorda frente a los abusos del juez, puesto que se trataba de acusados de terrorismo y no importaba que el Relator Especial para los Derechos Humanos y la lucha contra el terrorismo Martin Scheinin criticara el régimen de incomunicación o la actuación de la Audiencia Nacional. Ahora, al tocar los cimientos del Estado, se activan los resortes judiciales pertinentes, se le condena, y sectores de la izquierda parlamentaria estatal –de Carme Chacón a Cayo Lara– se escandalizan.

Por otro lado, Baltasar Garzón ha sido absuelto2 por la investigación de los crímenes cometidos durante el régimen de Franco. El Tribunal Supremo estimó en esta ocasión que no hubo negligencia en los intentos de investigar dichos crímenes, pero estima que sí hubo un “error” cuando Garzón pensó que era competente para hacerlo y que es el Estado, “a través de otros organismos y con la ayuda de todas las disciplinas y profesiones, especialmente historiadores” los que deben iniciar mecanismos de justicia transicional, y no un juez. Con esta sentencia, Garzón se ha visto condenado por un caso, absuelto por otro, y ha visto archivada su causa en un tercero –el del cobro de los cursos en Nueva York, que ha prescrito–. Mientras tanto, el Colegio de Abogados de Sevilla ha recibido noticias de personas cercanas al entorno de Garzón sobre las intenciones del ex-juez de ejercer como abogado en la capital andaluza: Garzón ha sido impedido de trabajar como juez, pero no como abogado.

Con esta absolución existe un cierto sentimiento entre sectores de juristas progresistas, entre los que me incluyo, de que el Estado español ha intentado mantener limpio el ‘historial de derechos humanos’ condenando a Garzón ‘políticamente’ –implícitamente– por investigar los crímenes del franquismo, pero condenándolo judicialmente –explícitamente– por una causa diferente. En resumidas cuentas, si bien Baltasar Garzón fue declarado culpable por un crimen por el que merece ser condenado –las escuchas ilegales–, lo que esconden los procesos iniciados contra él es más bien otro ejemplo de cómo la “Transición ejemplar” a la democracia en el Estado español no ha sido tal –Naciones Unidas sigue criticando la Ley de Amnistía de 1977– y cómo queda mucho por hacer hasta alcanzar aquél modelo que pretendemos ser para otros países en transición. El sistema de justicia español ha quedado en evidencia –por primera vez, para algunos– como un sistema parcial, motivado políticamente, e injusto.

Tal y como sostiene Amnistía Internacional, aunque Garzón no ha sido condenado esta vez, persiste la necesidad de investigar los crímenes cometidos durante la dictadura. La negativa del Estado español a hacerlo supondría la violación de las obligaciones del Estado a acabar con la impunidad y un desprecio a las víctimas. Tanto las víctimas del franquismo como las víctimas de torturas y malos tratos deberán seguir luchando hasta encontrar justicia. Y es por su persistencia y determinación que la obtendrán.

1 – “(…) (L)a intervención de las comunicaciones entre los internos y sus letrados defensores o los expresamente llamados en relación con asuntos penales solo pueden acordarse en casos de terrorismo y previa orden de la autoridad judicial competente”. STS 79/2012, de 9 de febrero.

2 – STS 101/2012 de 27 de febrero.

Audiencia Nacional. Madrid.

(Fotografía: Roberto García Fadón. Licencia Creative Commons 3.0)

Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal): The case of Hissène Habré before the International Court of Justice

International Court of Justice (Photo by United Nations Photo - Creative Commons License Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Hissène Habré (1942, Chad), former President of the Republic of Chad, who seized power in 1982 and held in power until 1990, is the target of the Kingdom of Belgium. Belgium filed an application instituting proceedings against the Republic of Senegal in respect of a dispute concerning “Senegal’s compliance with its obligation to prosecute Mr. Hissène Habré, former President of the Republic of Chad, or to extradite him to Belgium for the purposes of criminal proceedings”.

The bases to do this are the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment as well as other norms regarding international crimes and human rights. According to Belgium, Senegal has not started any proceedings to prosecute Habré in Senegal, where he lives since he fled from Chad. The acts that are attributed to the former president of Chad, who allegedly got to govern in this African country with the help of the CIA, are crimes of torture and crimes against humanity.

The African Union and the UN have been pushing to continue the case, urging Senegal to prosecute him themselves or to send it to any country that would do it. There is to be taken into consideration, however, that as BBC acknowledges Habré was sentenced to death in abstentia despite the fact human rights organisations believed he wouldn’t have a fair trial in Chad.

The International Court of Justice has had six hearings where the case has been exposed. Within these days, Belgium has explained how even after several requests of extradition and the fact of the serious allegations against Habré, little has been done to overcome this situation, having thus to claim in the ICJ that there is base to believe that there is no intention to prosecute the former president of Chad. Before the case arrived to the ICJ, the African Court on Human and People’s Rights also had the opportunity to deal with this issue, although it was unsuccessful since the Court claimed lack of jurisdiction. The Economic Community of West African States (ECOWAS) also studied this case and decided that although the crimes allegedly committed by Hissene Habré “did not constitute criminal offences under national law in Senegal . . . they were held to be so under international law”1 and that “in accordance with international custom”, the proceedings against Hissène Habré should be conducted before an ad hoc international judicial body2.

Called by Human Rights Watch as the “African Pinochet”, Habré’s judicial future will be decided after it is decided whether Senegal breached international law obligations to prosecute those who commit crimes against humanity. Either prosecuted or extradited, victims hope that the process will take less time than for the ICC reach the first conviction in their decade of existence.

Notes:

1- ECOWAS Court of Justice, Hissène Habré v. Republic of Senegal, Judgment, 18 November 2010, General List No. ECW/CCJ/APP/07/08, para. 58, CMS, Vol. II, Ann. 2.

2- Ibid., para. 61.

 

Diego J. Naranjo Barroso