Legalidad, legitimidad y autogestión

Publicado el 11 de junio de 2012 en el periódico Diagonal (número 176)

 

La civilización y justicia del orden burgués aparece en toda su cruda realidad cada vez que los esclavos de ese orden se rebelan contra sus amos. Entonces, esa civilización y justicia desenmascaran su salvajismo, su crueldad, y su venganza sin ley.»

Karl Marx, La Guerra Civil en Francia

 

La fábula del “contrato social”

El discurso sobre Estado moderno suele estar dominado, como el Estado mismo, por la ideología imperante. Siendo necesario apuntalar el statu quo cuando éste se tambalea, pero también en tiempos calmos, desde muy pronto se va instalando una idea concreta en los ciudadanos: El Estado de Derecho existe porque es el menos malo de los sistemas que evitan que nos autodestruyamos y, colectivamente, hemos decidido esta forma de gobierno. Así, la idea del contrato social de Rousseau que Kant reafirma junto con Fichte –tal como analiza Bernard Bosanquet en Philosophical Theory of The State – queda en el “subconsciente social” como fundamento del sistema político que conocemos hoy.

Hay que acudir a Gramsci, no obstante, para encontrar razonamientos alejados de la fábula jurídico-filosófica creada por los ilustrados del siglo XVIII. El profesor de Historia Daniel Kendie estudia cómo, en su visión del Estado capitalista, Gramsci establece el concepto de “hegemonía” según el cual ciertas instituciones sociales –entre ella la escuela, la iglesia o la prensa– imponen este concepto de “consenso social” que Isidoro Moreno llama “pensamiento cero”. Para los momentos en los que este consenso social se desestabiliza, el Estado se quita la máscara democrática y emplea sus armas de “dominación” –el otro concepto gramsciano –, esto es, la policía, el ejército y otras instituciones represivas. De este modo, Gramsci rebatía a Marx respecto a la supuesta inevitabilidad de la llegada de la sociedad sin clases y explicaba el porqué en situaciones de crisis extremas el Estado no sólo no se destruye sino que refuerza sus cimientos.

Dura lex, sed lex

Las leyes injustas existen: ¿Deberíamos obedecerlas, intentar arreglarlas y obedecer hasta que lo consigamos, o transgredirlas de una vez? (…) (S)i es de tal naturaleza que requiere que seas agente de injusticia para otro, yo digo entonces, rompe la ley”.

Henry David Thoreau, Desobediencia Civil, 1866

 

Otro concepto erróneo que está extendido en el monólogo –que no ‘discurso’– social es que las normas jurídicas son neutrales y que, como la leyes de la Física, se aplican de manera igual para todos. Al igual que la ley de la gravedad, ciertos fundamentos del Estado se ofrecen como inevitables e inamovibles bajo el paraguas del respeto a la ‘legalidad’. Este concepto, que puede o no coincidir con la legitimidad, debe ser rebatido cuando la norma afecte a los derechos humanos, que no deben tomarse como un ‘brindis al sol’ sino como el punto de partida al que no queremos renunciar.

El profesor de la Universidad de Sevilla Joaquín Urías habla de la Ley como “fracaso del diálogo” y nos dice que Kelsen ya estableció que “la esencia de toda –norma– jurídica es un acto de voluntad, no de razón. O sea, que las leyes no dicen lo que dicen porque tenga que ser así necesariamente, sino porque alguien las ha escrito y ha decidido que sean así. En la sociedad hay, pues, gente que hace normas y gente que obedece las normas. Los que hacen las leyes son los únicos que, en un Estado de Derecho, ejercen el poder; los demás, lo sufren.” En general, la situación es incluso peor.

En el ámbito del Derecho, aunque las obligaciones que pesan sobre los ciudadanos son puestas de manifiesto de diversas maneras –impuestos, multas, encarcelamiento–, los derechos –o la forma de ejercerlos– son menos conocidos. En las presentaciones del Manual de Autodefensa Civil del Grupo 17 de Marzo hemos visto como los derechos más básicos son ignorados o poco conocidos. En la introducción del manual hablamos de cómo en ocasiones el Estado parece acercarse a aquél descrito por Kafka en El Proceso, en el cual el protagonista era encausado y ajusticiado sin llegar a saber la base de su acusación. El sistema jurídico es, por lo tanto, un sistema extraño e impuesto al ciudadano, no un contrato en el que las partes negocian y acuerdan las cláusulas.

La autogestión y la autodeterminación como alternativas

En un momento en que el Estado se muestra una y otra vez contrario a lo que desea la ciudadanía –desmontando el Estado de Bienestar, dando dinero público a los bancos…– resulta necesaria una democratización profunda y radical de nuestra sociedad. Los movimientos sociales autogestionarios, como el movimiento okupa, el 15-M y ciertos sindicatos alternativos, ofrecen desde la práctica diaria un nuevo modo de hacer las cosas. El Estado parece darse cuenta e intenta ponerles freno por todos los medios necesarios, utilizando desde el desprestigio en los medios hasta la vía punitiva para criminalizar la desobediencia pacífica.

Esto último ha ocurrido con la última propuesta de reforma del Código Penal. Las asociaciones Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales mostraron su rechazo a esta “criminalización de la discrepancia” y manifestaron que las protestas frente a la respuesta que se da desde el poder a la crisis no son más que una forma de “control social del poder político” y que las manifestaciones no son “síntoma de anormalidad democrática sino, precisamente, lo contrario, pues no hay nada más democrático que el ejercicio de derechos fundamentales como el de reunión y manifestación”.

Efectivamente, lo que se plantea desde los modelos asamblearios es que la ciudadanía se involucre directamente en los asuntos públicos a través del diálogo y el consenso. Centrándonos en el 15-M, el trabajo en las diferentes comisiones y las asambleas muestra que, pese a lo que se viene machacando en la consciencia colectiva, es posible la auto-organización y la toma de decisiones colectivas desde ámbitos locales sin tener que contar con representantes para ello.

El proceso de la toma de decisiones es, ciertamente, más lento, pero también más democrático. Sería deseable que, en aquellos casos en que los ciudadanos puedan regular sus relaciones por ellos mismos, se haga así y el Estado se aparte. En aquellos casos en los que no sea posible, quizá la ley pueda ser el último recurso. Ahora la situación es justamente la contraria: regulamos todo y, lo que no lo esté, ya veremos si no lo regularemos en el futuro.

Construir en paralelo, pero también desde dentro

Los modelos de movimientos sociales que he mencionado arriba construyen de algún modo una sociedad paralela. Frente a los modelos establecidos –no sólo el modelo económico, pero también el de las relaciones interpersonales – se crea un ‘oasis’ en el que por un lado, se intenta vivir como se piensa, pero también se ofrece a la sociedad que una forma alternativa de vida es posible. Estos movimientos van desollando el orden existente y ganando terreno –y apoyo popular– poco a poco.

Otra forma, coexistente y necesaria a la anterior, es el que se realiza con las herramientas y normas existentes. Los grupos críticos de juristas suponen a la vez un apoyo para los movimientos sociales y organizaciones de resistencia con entidad propia. En el Estado español hay varios colectivos distribuidos por los distintos territorios que vienen haciendo labores de control y denuncia de los mecanismos legales que suponen una violación de los derechos humanos. Desde el compromiso y la profesionalidad se hacen una labor de ‘socialización del Derecho’ –mediante charlas, escritos, asesoramientos – que sirven para dotar de herramientas a aquellos que las necesitan. También se realizan labores de control, como los informes anuales sobre torturas, o los recursos frente a la prohibición de manifestaciones. Otros medios usados son la personación como acusación popular en procesos judiciales o actuar como equipos legales en manifestaciones.

Ambos modelos de resistencia son complementarios y necesarios, sobre todo en momentos de crisis en los que la resistencia y la reacción frente a ella escalan de manera progresiva. Hay espacio para la resistencia tanto desde una asamblea de barrio del 15-M, como desde una ocupación de tierras o desde un juzgado. Motivos, nos sobran.